Lo pidieron los vecinos de Villa Mugueta en una reunión convocada por el actual consejo de administración. La cesión implicaría la disolución de la entidad. Se hará una asamblea resolutiva.
Los vecinos de esta pequeña localidad del departamento San Lorenzo no parecen estar dispuestos a respaldar la continuidad de la Cooperativa de Servicios Públicos cuya situación institucional entró en crisis a partir de supuestos desmanejos administrativos que derivaron en una deuda que superaría los 5 millones de pesos.
En una reunión convocada por el actual consejo de administración para informar a los asociados sobre el estado económico y financiero que heredó y las medidas adoptadas en los 3 meses que lleva de gestión, cerca de 400 vecinos no se privaron de expresar su bronca y coincidieron, entre una andanada de cuestionamientos en que "la deuda la paguen quienes saquearon la cooperativa y no el pueblo".
En este marco consideraron prácticamente "inviable" una solución y casi por aclamación pidieron que la cooperativa traspase la distribución del servicio eléctrico a EPE, lo que de concretarse derivaría en disolución de la entidad ya que el resto de las prestaciones que brinda (agua, venta de gas, sepelio y telefonía celular) son deficitarias. No obstante se acordó tratar el tema en una futura asamblea de carácter resolutivo.
La principal razón por la que se pretende la cesión a la empresa es porque pagan una tarifa "mucho más alta" que la aplicada por otras cooperativas de la zona.
El director comercial de la EPE, Ricardo Airasca, quien participó de la reunión, sugirió no tomar decisiones "apresuradas", y advirtió que el traspaso, además de llevar un tiempo implicaría un estudio detenido ya que la empresa "no podría hacerse cargo de esta cooperativa sin que la casa esté en orden".
Auditoría y denuncias. Mientras se intenta definir el destino de la cooperativa aún se ejecuta una auditoría externa y están en curso denuncias penales y administrativas radicadas por los directivos entrantes, las cuales comprometen a autoridades anteriores y a algunos empleados. Faltante de documentación, emisión de cheques apócrifos y sin fondo, mala administración de bienes ajenos, son algunos de los presuntos delitos denunciados. A ello se suma que el ex presidente de la cooperativa, Eduardo Dall Armellina, a quien su sucesor, Sergio Sierra responsabilizó de los "desmanejos administrativos heredados", radicó otras denuncias que salpican, entre otros, a quien fuera la gerenta de la entidad, Analía Picca, suspendida por el actual consejo de administración hasta tanto se resuelva su situación judicial.
Los asociados además de cargar duro contra los supuestos responsables de la situación criticaron la conducta de "algunos empleados infieles", y se quejaron por "los altos sueldos del personal". Si bien las actuales autoridades, entre otras medidas, recortaron gastos, la cooperativa es deficitaria pese a que el servicio de luz sea rentable. No se descarta la presentación de quiebra o concurso de acreedores.
Mientras tanto, fue cerrada la cuenta corriente y se suspendieron los pagos pendientes, aunque se suscribió un convenio con la EPE por 1.134.000 pesos.
FUENTE: LA CAPITAL
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