Los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y otros 10 represores fueron condenados ayer a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma)...
Los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y otros 10 represores fueron condenados ayer a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), en lo que fue el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en el centro de detención ilegal más grande que funcionó durante la última dictadura.
Las condenas fueron dictadas por el Tribunal Oral Federal 5 por el secuestro, desaparición y robo de bienes del periodista Rodolfo Walsh y los crímenes de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, además de otros 81 casos.
El Tribunal también condenó a 25 años de prisión al policía Juan Carlos Fortea y al marino Manuel García Tallada; a 20 años al marino Carlos Capdevilla, y a 18 años al prefecto Juan Antonio Azic, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados.
En tanto, fueron absueltos los marinos Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco, pero seguirán presos porque están procesados en otras causas también vinculadas a la Esma.
Junto a Astiz y Acosta fueron condenados a perpetua los marinos Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tígel —tío de la diputada nacida en la Esma Victoria Donda—, Alberto González, Raúl Scheller, el ex canciller de la dictadura Oscar Montes y Jorge Radice; el mayor del Ejército Julio Coronel, el capitán Néstor Savio y el policía Ernesto Weber.
Cuando Astiz escuchó la condena se puso una escarapela argentina en la solapa izquierda de su saco y sonrió socarronamente. El capitán de navío ya tuvo otras actitudes provocativas durante el juicio, ya que en su inicio se presentó al Tribunal con el libro "Volver a matar", de Juan Bautista Yofre, y en los alegatos le dio una Constitución Nacional a los jueces para que se la envíen al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Las condenas a perpetua fueron dictadas por el secuestro y homicidio de Walsh, ocurrido el 25 de marzo de 1977, un día después del primer aniversario del golpe en la que el periodista escribió la "Carta Abierta a las Juntas", donde denunció los crímenes de la dictadura. También fueron condenados por el secuestro en diciembre de 1977 de 12 personas que integraban el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, donde se reunían familiares de desaparecidos. Astiz se infiltró en ese grupo con el nombre de Gustavo Niño, haciéndose pasar por el hermano de un secuestrado, y "marcó" a las 12 personas que había que secuestrar, entre ellas las monjas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther Ballestrino de Careaga.
Las condenas fueron festejadas por familiares de víctimas y representantes de organismos de derechos humanos, que aplaudieron, insultaron a los represores y cantaron su consiga habitual: "Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar".
El Tribunal también ordenó que se abra una causa para investigar los abusos sexuales y violaciones cometidas en la Esma, y las denuncias de torturas a niños y niñas, hijos de los detenidos. Además, declararon los hechos como "crímenes de lesa humanidad" y le pidieron a los poderes del Estado que soliciten a organismos internacionales considerar delito de genocidio la persecución política.
La Esma fue el centro clandestino de detención más grande de la dictadura, por el que se estima pasaron más de cinco mil personas. En marzo de 2004, el predio se convirtió en Museo de la Memoria, por decisión del ex presidente Néstor Kirchner.
Ex interventor
El ex coronel José María González, primer interventor de Santa Fe durante la dictadura, será juzgado desde hoy por el Tribunal Oral Federal de la capital provincial por el secuestro y homicidio de Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini. Además, está procesado por el homicidio de 21 militantes.
Inspeccionaron excavaciones
Funcionarios judiciales y autoridades del Ministerio de Justicia de Santa Fe realizaron ayer una recorrida por el sector del cementerio La Piedad de Rosario, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) excava en unas 120 tumbas con el fin de determinar si allí fueron enterrados cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura.
Las excavaciones, ordenadas por la Justicia federal, se complementan con la instalación de un laboratorio móvil del Eaaf en la necrópolis.
“Este es un trabajo colectivo e histórico y tiene un doble sentido”, explicó el ministro de Justicia, Héctor Superti. “Por un lado, colaborar con la Justicia orientado a que no haya impunidad, y por otra parte identificar personas desaparecidas con el fin de poder devolver los cuerpos a las familias”, abundó.
El personal del Eaaf realiza tareas en unas 120 tumbas, en base a una investigación de 1984 de la abogada defensora de los derechos humanos Delia Rodríguez Araya, fallecida en 2009. De acuerdo a los investigadores, el mecanismo que habrían empleado los represores para esconder los cuerpos de desaparecidos consistió en enterrarlos en tumbas que luego eran utilizadas para depositar, encima, cuerpos de personas inhumadas legalmente.
También participaron de la recorrida con los funcionarios provinciales, la fiscal federal Mabel Colalongo, que está al frente de la instrucción del expediente, en virtud de haberle sido delegada la tarea por el juez federal Marcelo Bailaque.
Las excavaciones, ordenadas por la Justicia federal, se complementan con la instalación de un laboratorio móvil del Eaaf en la necrópolis.
“Este es un trabajo colectivo e histórico y tiene un doble sentido”, explicó el ministro de Justicia, Héctor Superti. “Por un lado, colaborar con la Justicia orientado a que no haya impunidad, y por otra parte identificar personas desaparecidas con el fin de poder devolver los cuerpos a las familias”, abundó.
El personal del Eaaf realiza tareas en unas 120 tumbas, en base a una investigación de 1984 de la abogada defensora de los derechos humanos Delia Rodríguez Araya, fallecida en 2009. De acuerdo a los investigadores, el mecanismo que habrían empleado los represores para esconder los cuerpos de desaparecidos consistió en enterrarlos en tumbas que luego eran utilizadas para depositar, encima, cuerpos de personas inhumadas legalmente.
También participaron de la recorrida con los funcionarios provinciales, la fiscal federal Mabel Colalongo, que está al frente de la instrucción del expediente, en virtud de haberle sido delegada la tarea por el juez federal Marcelo Bailaque.
FUENTE: LA CAPITAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario